La memoria histórica y la exigencia social son necesarias para atender el problema de las desapariciones forzadas 

Montserrat Muñoz 

Al día de hoy, más de 15 mil 340 personas están desaparecidas tan sólo en Jalisco, con lo que la entidad se consolida como el primer lugar en desapariciones, representando poco más de 13 por ciento de personas desaparecidas a escala nacional. Muchas de estas desapariciones han ocurrido en un contexto de extrema violencia, instrumentada por grupos delictivos que recurren al reclutamiento forzado para ensanchar sus filas. 

Alejandra Guillén González, académica del Centro Universitario de Incidencia Social (Coincide) del ITESO, encabezó el conversatorio “Jalisco: reclutamiento forzado y desapariciones”, en el Auditorio D1 del campus.

La académica afirmó que aunque la sociedad tiene muy presente el tema de las desapariciones, en realidad se trata de una percepción muy reciente, es decir, no hay una memoria histórica. Recordó que las desapariciones en Jalisco comenzaron en el contexto de la Guerra Sucia y que, desde entonces, se han movido para ocurrir en el marco de la guerra contra el narcotráfico, lo cual trae consigo sus propias formas de exclusión y nominación. 

La guerra contra el narcotráfico significó para el país un verdadero punto de quiebre, a pesar de que hubo una continuidad de violencias del estado y empresas criminales. “Se instaló un dispositivo ‘desaparecedor’ que no existía y que cualquiera puede usar”, señaló la académica. Este fenómeno llevó a Jalisco a ser el primer lugar de desaparecidos hacia 2011, además con una diversificación de modalidades para concretar estas desapariciones. 

“En 2017 hubo operativos para liberarlos con vida, que es a lo que siempre tendríamos que estar apostando. Porque no todas las personas desaparecidas están muertas, sino que se las llevan para ciertos fines”, señaló.  

La periodista compartió su trabajo en temas de desapariciones, casos de reclutamiento forzado y esclavitud en Tala, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Trabajó para crear un mapa de fosas clandestinas de todo el país para ayudar a las familias en sus procesos de búsqueda. Esta herramienta fue presentada en 2018 y sirvió, además, como punto de partida para proyectos que se enfocaran en encontrar no sólo a los desaparecidos muertos, sino también a los que aún se encontraban con vida.  
A pesar de la creciente cantidad de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, de conocer el modus operandi de las células “desaparecedoras” y de haber conducido operativos exitosos para recuperar a las personas con vida, Guillén González afirmó que la autoridad no pudo erradicar estas prácticas. 

“Vimos que, efectivamente, la fiscalía podía hacer operativos para liberar a estas personas. Pero eso no está ocurriendo y tenemos un grave problema porque son casi las mismas formas de llevarse a jóvenes que van por trabajo (…) pero de manera masiva, cínica y ya ni siquiera les reciben las denuncias. Hay una permisividad de que se lleven a trabajar como esclavos a un montón de personas”, dijo. 

Los relatos de personas detenidas y también de sobrevivientes fueron poco a poco llenando los vacíos de información para completar una narrativa de las prácticas de construcción de sicarios que se realizaban en campamentos.  

“Hay una estrategia muy bien pensada porque no es que en el país hubiera 20 mil sicarios esperando a que iniciara la violencia. Tienes que construir subjetividades ‘desaparecedoras’. Para construir un sicario tienes que romperle el alma y de eso se tratan esos campamentos, de romper el alma de los que están ahí y que crucen umbrales de los que no hay retorno, aún si sigues vivo”, mencionó Guillén González. 

En estos espacios se construyen subjetividades muy particulares que se valen de medios violentos para construir ejércitos, donde quienes sobreviven son muertos vivientes. Lamentablemente, señaló la académica, aun cuando las personas logren escapar de estas dinámicas, “no hay estrategias para que regresen a la vida”.  

Necesaria la resistencia y la exigencia social 

“En esta dominación total hay estas grietas de resistencia. Es resistir, aunque sea mínimamente, aún en esos espacios. Por supuesto que no es suficiente, pero es importante no dejar de ver las acciones de resistencia para restar la dominación”, señaló la ponente. 

Asimismo, señaló que en Jalisco se formó el que probablemente fue el primer colectivo de búsqueda de desaparecidos en el continente. Actualmente existen más de 20 colectivos de este tipo, lo cual denota un crecimiento exponencial del delito de desapariciones. 

Alejandra Guillén consideró necesario no perder la exigencia ni dejar de tener una perspectiva histórica de cómo ha sido la práctica de desapariciones en Jalisco. Al respecto, dijo que periodistas y académicos están en deuda con la sociedad, puesto que nadie se ha enfocado a investigar a fondo las desapariciones de finales del siglo pasado, que se calcula pudieran ser entre 300 y 500 casos. 

Dolores del Carmen Chinas Salazar, profesora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj), moderó la charla y añadió, a pregunta expresa del público, que el ITESO cuenta ya con el Protocolo Institucional de Actuación en caso de Desaparición de Personas, documento que guía las acciones a seguir en caso de que un integrante de la comunidad universitaria o familiares —en línea directa o colateral en segundo grado— sean víctimas de este delito. 

Resaltó el trabajo de periodistas, académicos y de las familias de personas desaparecidas que ha constituido las maneras de ser y hacer resistencia, y a la vez ha permitido visibilizar la grave situación de las desapariciones.  

La moderadora se sumó a la exigencia de que las autoridades tomen un papel más activo para solucionar el problema de la violencia y las desapariciones y lamentó que, a pesar de contar con información y tecnología para combatir estas prácticas delictivas, poco o nada haya cambiado en los últimos ocho años. 

“No hay una continuidad en profundizar las investigaciones ni en prevenir los mecanismos de la desaparición. ¿Cómo es posible que todas esas experiencias que se tuvieron ya en 2017, cuando se pudo rescatar personas y desmantelar estos centros de formación de sicarios, cómo es que (…) ocho años después seguimos con la misma dinámica?”, expresó Chinas Salazar.